Nuestra institución

Historia

La pesca y las actividades relacionadas con la cría de organismos acuáticos eran institucionalmente manejadas por un departamento dentro de la Dirección de Economía Agrícola, luego pasan a formar parte de la División de Caza y Pesca de la Dirección de Recursos Naturales y Renovables del entonces Ministerio de Agricultura y Cría (MAC), para posteriormente convertirse en la Oficina Nacional de Pesca, dependiente de la Dirección General Sectorial de Pesca y Acuicultura.

En fecha 26 de agosto de 1.993, se crea el Servicio Autónomo de los Recursos Pesqueros y Acuícolas (SARPA), mediante Decreto Nro. 3.116, publicado en Gaceta Oficial Nro. 35.292 de fecha 08 de septiembre de 1.993, con rango de Dirección General, adscrito al Ministerio de Agricultura y Cría (Actual MPPAT). Para esa
fecha, el marco legal de referencia para la actividad pesquera era el establecido en la Ley de Pesca, promulgada en el año 1.944.

Luego esta dependencia es sustituida por el Instituto Nacional de la Pesca y Acuicultura (INAPESCA), el cual fue concebido con carácter autónomo, adscrito al MAT, creado según Decreto Nro. 1.524 de fecha 13 de Noviembre de 2.001, mediante el cual se promulga la Ley de Pesca y Acuicultura. El propósito del mencionado Instituto estuvo basado en los principios de administración responsable y rendimiento sustentable de sus recursos.

  Nace un nuevo Instituto

Por Gaceta Oficial Nº 5.877, el día 14 de marzo de 2008, es aprobada la Ley Socialista de Pesca y Acuicultura, Por esta
razón, el Instituto Nacional de la Pesca y Acuicultura (INAPESCA), cambió su denominación a Instituto Socialista de la Pesca y Acuicultura (INSOPESCA), con el objeto de erigir las bases de una nueva forma de relación entre el Estado y el Pueblo, rompiendo paradigmas en la actividad de la pesca y acuicultura, bajo la premisa de que debe privar la intensión de garantizarle al pueblo venezolano las proteínas provenientes de nuestro ecosistema acuático, por encima de cualquier interés de lucro, impulsando novedosas formas de organización popular y estableciendo nuevos mecanismos de participación de los principales protagonistas de esta actividad productiva, el pescador y el acuicultor.

El propósito de este nuevo decreto jurídico, fue promover el desarrollo integral del sector pesquero y acuícola, asegurar la disponibilidad suficiente y estable de productos y subproductos de la pesca y acuícultura, así como resguardar los asentamientos y comunidades de pescadores y pescadoras, y mejorar la calidad de vida de los mismos con la finalidad de contribuir con la soberanía alimentaría del país.